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La injerencia mediática

Edición 99/Gerardo/Chaparro/Abogado.

Ante la estampida  publicitaria que se produce de los grandes casos judiciales, en muchas ocasiones son muy positivas, pero en gran parte son contraproducentes. La injerencia de cualquier índole es perjudicial cuando el tema apenas está comenzando o sin terminar. Últimamente está muy en boga el manoseo que realizan los medios de comunicación con respecto a los casos judiciales.

Citamos la denuncia realizada por el Colegio de Abogados del Alto Paraná que dio un efecto positivo para destapar la cuestión y aminorar la corrupción en el Poder Judicial. Por la fuerza y presión de los medios, rápidamente fueron apartados de sus cargos varios jueces y fiscales de todo el país y, otros se dieron por aludido y decidieron abrir camino por el tránsito de la renuncia.

Por otra parte los medios, también cometen graves errores violando la Constitución Nacional y las leyes sin que nadie ni les pellizquen, es decir queda todo impune y a la larga se vuelve costumbre.  Los medios de comunicación han perdido en cierto modo la credibilidad, porque cada uno de ellos compiten entre sí, anhelando la titularidad de la primicia, si en algún momento tenían razón para creerlos hoy carecen por completo a causa de su mediatización. En ese sentido, se observa un cambio de roles de complejas consecuencias,  aniquila a los débiles y a los fuerte los tornan poderosos.

Esta injerencia, generalmente negativa cuando se trata de temas delicados como desalojo o algún procedimiento judicial o policial, como si alertara y ayudara para el escape. Las empresas periodísticas, más allá de los pomposos códigos de ética profesional, no necesariamente trabajan sólo por el derecho de todo ciudadano a estar informado sino que violan abiertamente la presunción de inocencia cuando se sienten como partes al editar detalles de un proceso que apenas está comenzando, por ejemplo:  la detención del sospechoso que por cierto, no es culpable ni está condenado, sencillamente se tiene un indicio, pero el perjuicio ya se crea al divulgar informes preliminares, fotografías, nombres y demás detalles.

En definitiva, el problema es sumamente complejo dado que puede existir, incluso, un conflicto de derechos, libertades y obligaciones: el derecho a la información, la libertad de expresión y la obligación del Estado de garantizar el bien común de los ciudadanos. Si bien no existe una solución concreta para este fenómeno, algunas iniciativas podrían contribuir al mejoramiento de la calidad informativa dentro del sistema democrático: "Cumplir la ley existente".

El derecho a la información es un derecho humano y los ciudadanos requieren de información fidedigna y de variadas fuentes para poder decidir por sí mismos y, sobre todo, para poder discernir su propio interés en un ambiente crecientemente amplio.